La Asociación Pannagh califica la sentencia del Tribunal Supremo de «política y contradictoria»

Ideas clave

• El Tribunal Supremo de España estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía contra Pannagh, revocando una previa absolución de la Audiencia Provincial de Vizcaya.
• Cuatro miembros fueron condenados por un delito contra la salud pública: el presidente y el secretario a 1 año y 8 meses de prisión; dos miembros a 6 meses cada uno.
• El tribunal impuso además multas de 250.000 € al presidente y al secretario.
• Pannagh denuncia que la resolución es política, contiene errores y no está en sintonía con la realidad social de España ni con la jurisprudencia previa sobre “consumo compartido”.
• La asociación anunció que buscará nuevos remedios, incluida la nulidad, un recurso ante el Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El caso en breve

Cronología

Qué resolvió el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo concluyó que la estructura y el funcionamiento de Pannagh excedían los límites del “consumo compartido”, doctrina que a veces utilizan los tribunales españoles para diferenciar el consumo privado organizado colectivamente de las conductas que integran un delito contra la salud pública. En consecuencia, el Tribunal impuso penas de prisión a cuatro miembros y cuantiosas multas a dos de ellos.

Razonamiento judicial, en síntesis: La organización de la asociación, la gestión del suministro y el modelo de distribución se consideraron ajenos al consumo privado en círculo cerrado y lesivos para la protección de la salud pública.

Por qué Pannagh lo califica de “político” y “contradictorio”

• Alejamiento de absoluciones previas: Resoluciones provinciales anteriores (p. ej., Vizcaya 2006; Álava 2012) habían considerado la actividad de Pannagh penalmente irrelevante dentro de un marco estrictamente controlado de socios.
• Apoyo en afirmaciones nuevas y no contrastadas: Pannagh sostiene que la sentencia introduce hechos o inferencias no debatidos en contradicción.
• Sospecha de “copiar y pegar”: El razonamiento reproduciría fallos previos contra otros clubes (p. ej., Ebers, “Three Monkeys”) sin atender a los estatutos y salvaguardas específicos de Pannagh.
• Transparencia ignorada: La asociación alega años de diálogo abierto con instituciones (p. ej., Defensor del Pueblo/Ararteko, comisiones del Parlamento Vasco), lo que, a su juicio, desmiente cualquier ocultación.
• Brecha con la realidad social: Pannagh enmarca el fallo como desfasado respecto del debate en España e internacionalmente y disuasorio para diseñar políticas basadas en evidencia.

Contexto jurídico en España

La jurisprudencia española ha lidiado durante años con la línea divisoria entre el consumo privado organizado de forma colectiva y las conductas que ponen en peligro la salud pública. La doctrina del “consumo compartido” se ha aplicado de manera variable, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo a mediados de la década de 2010 señaló una tolerancia más estrecha hacia asociaciones grandes o muy estructuradas. En ese clima, los clubes que ampliaban su base social o centralizaban el cultivo afrontaron un mayor riesgo legal.

Notas comparativas

• Escala y controles: Los tribunales examinan el filtro de admisión de socios, los registros de distribución, los límites de cultivo y una gobernanza estrictamente no lucrativa.
• Ámbito público vs. privado: Cuanto más se asemejan las operaciones de una asociación a la distribución pública o dirigida a un grupo indefinido, menor cobertura ofrece el “consumo compartido”.
• Resultados dispares: Absoluciones provinciales han sido a veces revocadas por el Tribunal Supremo cuando los hechos organizativos apuntan a una red de suministro más amplia.

¿Qué viene ahora?

1. Incidente de nulidad de actuaciones: Solicitar al Tribunal Supremo que deje sin efecto su fallo por supuestas vulneraciones procesales.
2. Recurso de amparo constitucional: Invocar la vulneración de derechos fundamentales, incluida la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.
3. Vía Estrasburgo: Si fracasan los remedios internos, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En paralelo, siguen los debates de política pública en distintos territorios españoles sobre cómo regular o limitar los clubes sociales de cannabis, a menudo por la vía del derecho sanitario y administrativo más que por la penal.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un “club social de cannabis” en España?

Una asociación privada y sin ánimo de lucro que organiza el cultivo y la distribución colectiva entre socios adultos registrados. Su tratamiento jurídico depende del estricto mantenimiento de un modelo privado y de círculo cerrado y de controles internos robustos.

¿Qué es la doctrina del “consumo compartido”?

Una línea jurisprudencial en España que distingue el consumo privado organizado de las conductas que constituyen tráfico o dañan la salud pública. Su aplicación es muy dependiente de los hechos y se estrechó en las resoluciones de los altos tribunales durante la década de 2010.

¿Pannagh admitió intención de traficar?

No. Pannagh y sus miembros han negado de forma constante cualquier intención de traficar, subrayando el cultivo interno, exclusivo para socios, y la transparencia con las instituciones.

¿Por qué se impusieron multas además de prisión?

En España, los delitos contra la salud pública pueden llevar aparejadas penas privativas de libertad y sanciones económicas, especialmente cuando el tribunal aprecia rasgos organizativos que se asemejan a sistemas de distribución.

¿Qué implica esto para otras asociaciones?

Pone de relieve el riesgo legal cuando los clubes crecen, centralizan operaciones o no documentan controles estrictos. La claridad normativa sigue siendo desigual entre jurisdicciones.

Análisis de expertos: factores de riesgo en los que se fijan los tribunales

• Ámbito de la afiliación: Una base social amplia o fluctuante puede parecer “pública” más que privada.
• Documentación: Registros débiles o inexistentes sobre cultivo, asignación y posesión pueden minar la tesis del consumo compartido.
• Gobernanza: Normas claras de no lucro, asambleas de socios y protocolos de cumplimiento refuerzan los argumentos de legalidad.
• Transparencia: El diálogo continuado con instituciones públicas ayuda a demostrar buena fe, aunque no es determinante.

Declaraciones destacadas

«Animamos a la gente a seguir luchando por un cambio en la política de drogas que ponga fin a la injusta situación actual» — Asociación Pannagh

Etiquetas empleadas por los simpatizantes en aquel momento: #YoSoyPannagh, #FreePannagh, #SiembraElCambio.

Glosario

Delito contra la salud pública

Delito previsto en el ordenamiento español que abarca acciones consideradas peligrosas para la salud pública, incluidas ciertas actividades relacionadas con drogas.

Nulidad de actuaciones

Remedio procesal que busca invalidar una resolución por la existencia de defectos fundamentales.

Fuentes y lecturas adicionales

• Comunicados de la Asociación Pannagh y cronología del caso (2011–2016).
• Cobertura y entrevistas recopiladas por el blog de Dinafem Seeds (archivo): https://www.dinafem.org/en/blog/
• Sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Vizcaya (marzo de 2015), citada en las comunicaciones de la asociación.
• Resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (finales de 2015) sobre asociaciones cannábicas y consumo compartido.

Metodología: Este artículo destila información de comunicaciones de la asociación y resúmenes jurídicos contemporáneos, contrastada con la estructura del derecho penal español aplicado a las asociaciones cannábicas circa 2011–2016.