Historia de ARSEC y de los Cannabis Social Clubs en España: de los campos de cáñamo a los clubes sociales

España se ha convertido, en el imaginario global, en una especie de “nuevo Ámsterdam”: un país donde el consumo privado de cannabis está descriminalizado, los clubes sociales de cannabis (CSC) se multiplican y la cultura cannábica llena calles, revistas y ferias como Spannabis. Todo ello sobre un fondo geográfico y político muy concreto: proximidad con Marruecos (principal origen del hachís consumido en Europa), larga tradición de cultivo de cáñamo y un marco legal que castiga el tráfico, pero permite el consumo y cultivo en espacios privados.

En el corazón de esta historia está ARSEC (Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis), fundada en Barcelona en 1991, considerada la primera asociación cannábica legalmente constituida en España y origen del modelo que hoy conocemos como Cannabis Social Club.

I. España y el cannabis: conceptos básicos y por qué el país se asocia con la planta

1. ¿Por qué España se asocia tanto con el cannabis?

Varios factores explican la fuerte asociación entre España y el cannabis:

• Geografía: el estrecho de Gibraltar la conecta directamente con Marruecos, uno de los principales productores de hachís del mundo.
• Tradición agrícola: el cáñamo se cultiva en la península ibérica desde la antigüedad, sobre todo para fibra y cordajes, y ha dejado incluso huella en topónimos como Cañamares o Santa Cruz de los Cáñamos.
• Marco legal peculiar: el consumo y el cultivo para uso personal en el ámbito privado no son delito; lo que se castiga es el tráfico y el consumo en espacios públicos.
• Modelo de clubes: desde los años 90 han proliferado las asociaciones de consumidores de cannabis, modelo que ha llamado la atención de organismos internacionales y ha sido imitado en países como Uruguay, Malta o la propia Alemania.

Todo ello ha hecho que se hable de España como destino de “turismo cannábico”, con especial concentración en Barcelona y el País Vasco.

2. Términos clave: CSC, asociaciones de consumidores y cafés holandeses

En el contexto español se usan varios conceptos que conviene distinguir:

• Cannabis Social Club (CSC): denominación que populariza el Transnational Institute y el activismo europeo para referirse a una organización no lucrativa de personas usuarias que se asocian para cultivar y distribuir cannabis exclusivamente entre sus miembros, en un entorno cerrado y privado.
• Asociación de consumidores de cannabis / asociación cannábica: figura jurídica concreta en España: una asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el registro de asociaciones, cuyo objeto es el autoabastecimiento y distribución de cannabis entre sus socios adultos, evitando acudir al mercado ilegal.
• Diferencias con los coffee shops de Países Bajos:
  • Los coffee shops son comercios abiertos al público que venden cannabis a cualquier adulto (con ciertas limitaciones), con ánimo de lucro.
  • Los CSC españoles son asociaciones privadas y cerradas, solo accesibles a socios, sin ánimo de lucro y, en teoría, sin venta a terceros ni publicidad.

El “modelo español” se ha convertido así en una referencia internacional para quienes buscan vías de regulación no comerciales del cannabis.

II. De los campos de cáñamo a la contracultura: antecedentes históricos

1. Cáñamo técnico: una planta muy poco “subversiva”

Mucho antes de que nadie hablara de porros, España ya era un país de cáñamo. Fuentes históricas documentan el cultivo intensivo de cáñamo industrial para velas, cuerdas, tejidos, papel y aceites desde la Edad Media, con importantes focos en Valencia, Cataluña o Castilla-La Mancha.

En la época de al‑Ándalus se documenta un uso amplio del cannabis tanto para fibra como para usos alimentarios y medicinales, bajo nombres como “sedenegi” –“rey de las semillas”–, y el uso de pipas de cannabis en yacimientos como Medina Azahara siglos antes de la introducción del tabaco en Europa.

2. De los 60 a los 80: hachís, hippies y los primeros círculos de consumo

En la segunda mitad del siglo XX, la historia da un giro. Con la apertura cultural de los años 60–70, el contacto con escenas hippies europeas y norteamericanas y la cercanía con Marruecos, el hachís marroquí se convierte en la principal forma de cannabis consumido en España.

En esta época aparecen:

• Pequeños círculos informales de consumo en pisos, barrios alternativos y ambientes estudiantiles.
• Primeras figuras activistas, como Fernanda de la Figuera, conocida como la “Abuela Marihuana”, que empieza a cultivar y a defender la legalización del cannabis desde los años 70 y será posteriormente una de las caras visibles del movimiento.

3. De la represión penal a las multas administrativas

Paralelamente, la política de drogas pasa de un enfoque básicamente penal a un modelo mixto penal–administrativo:

• El consumo de drogas deja de ser delito, pero se mantiene el delito de tráfico y promoción del consumo (hoy, art. 368 del Código Penal, con penas de prisión de 1 a 6 años según la sustancia).
• La Ley Orgánica 1/1992 (conocida como Ley Corcuera) introduce multas por consumo o tenencia en la vía pública; en 2015 estas sanciones se refuerzan con la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana (“Ley Mordaza”), que prevé multas de 601 a 30.000 € por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos.
• El consumo y cultivo para uso personal en lugar privado se mantienen fuera del ámbito penal, lo que abre la puerta, años después, a la idea de consumo colectivo en contextos privados (la futura teoría del consumo compartido y los CSC). :contentReference[oaicite:16]{index=16}

Incluso hoy, el debate sobre qué es “espacio público” continúa: en 2025 el Ministerio del Interior envió una instrucción a las fuerzas de seguridad para que no se sancione el consumo de drogas dentro de vehículos aparcados, considerándolos espacios de privacidad protegida, mientras no haya indicios de tráfico.

III. El nacimiento del asociacionismo cannábico y ARSEC

1. Principios de los 90: crisis del prohibicionismo y búsqueda de alternativas

A finales de los 80 y principios de los 90, varios factores impulsan un cambio de enfoque:

• El fracaso evidente de la “guerra contra las drogas”, con mercados ilegales en expansión.
• El impacto del VIH/sida y otras crisis de salud, que llevan a adoptar estrategias de reducción de daños.
• El surgimiento de nuevos movimientos sociales que reclaman derechos de usuarios de drogas y critican el prohibicionismo, algo analizado en profundidad en estudios como la tesis de Isidro Marín Gutiérrez sobre la cultura cannábica en España (1991–2007).

En ese contexto emerge la idea de que, si el consumo privado no es delito, quizá los consumidores puedan autoorganizarse colectivamente para autoabastecerse sin pasar por el mercado negro.

2. ARSEC: la primera asociación cannábica legal (Barcelona, 1991)

En 1991 se funda en Barcelona la Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC), considerada la primera asociación cannábica formalmente registrada en España.

Según la documentación disponible:

• ARSEC fue fundada por un grupo de activistas entre los que figuran Jaume Torrent, Damiá Carulla, César y Sergi Doll, Pep Terrones, José Baltiérrez y Felipe Borrallo.
• Antes de dar el paso, consultaron a la Fiscalía Antidroga de Cataluña sobre la legalidad de un cultivo colectivo para autoconsumo. La respuesta fue, en aquel momento, favorable si se trataba de uso personal sin ánimo de lucro.
• En base a esa interpretación, inscribieron la asociación en el registro de la Generalitat y organizaron un sistema de autoabastecimiento para sus socios.

El nombre de la asociación rinde homenaje al abogado barcelonés Ramón Santos, fallecido unos años antes, quien dedicó su carrera a defender a consumidores de sustancias ilegales y asesoró jurídicamente a parte del núcleo fundador.

3. El “primer cultivo colectivo” y la “brecha catalana”

ARSEC pasó de la teoría a la práctica cuando organizó un cultivo colectivo en el Camp de Tarragona para abastecer a alrededor de un centenar de socios.

El esquema era sencillo, al menos sobre el papel:

• Un grupo cerrado de socios adultos, previamente identificados.
• Una estimación de consumo anual de cada miembro.
• Un cultivo único cuyo producto se repartía entre ellos, sin venta a terceros.

La plantación fue localizada, los responsables fueron denunciados y el caso terminó en los tribunales. En primera instancia, el juzgado absolvió a los miembros de ARSEC entendiendo que no había tráfico, sino autoconsumo compartido. Sin embargo, la fiscalía recurrió y el Tribunal Supremo acabó condenándolos a una pena de prisión menor y multa, basándose en la idea de “peligro abstracto” para la salud pública.

Paradójicamente, esa condena ayudó a:

• Visibilizar el debate sobre la posibilidad de organizar el consumo de forma colectiva.
• Perfilar la doctrina del consumo compartido en espacios privados y cerrados.
• Inspirar a otras iniciativas que terminarían cristalizando en el modelo de Cannabis Social Club.

4. Del experimento a la referencia: ARSEC como semilla de un movimiento

El impacto de ARSEC fue mucho más allá de su propio caso judicial:

• En pocos años pasó de unos pocos fundadores a miles de socios (alrededor de 3.000 en 2001 y unos 5.000 en 2004).
• En 1997, miembros de la asociación lanzan la revista Cáñamo, hoy la cabecera cannábica más conocida en lengua española, con la voluntad de “normalizar y divulgar” sobre la planta.
• ARSEC publica también un manual de cultivo para el autoconsumo, que se convierte en un éxito de ventas y ayuda a extender la cultura del autocultivo doméstico.

Cáñamo, en un texto conmemorativo, sintetiza el papel de ARSEC con una frase que se ha hecho famosa: «Un porro recorre el mundo», para describir cómo aquel pequeño grupo de pioneros abrió una brecha legal y simbólica que inspiró a clubes y activistas en todo el planeta.

IV. De la asociación al modelo: formación de los Cannabis Social Clubs

1. Principios básicos del modelo CSC en España

A partir de las experiencias de ARSEC y otras asociaciones, se consolidan una serie de principios que definen el modelo de Cannabis Social Club, tal y como lo describen TNI, el Observatorio Civil de Políticas de Drogas y la propia federación de asociaciones:

• No lucratividad: los CSC son asociaciones sin ánimo de lucro. Las aportaciones de los socios están destinadas a cubrir costes de cultivo, local y personal, no a generar beneficios repartibles.
• Cerrados y de membresía limitada: acceso solo para personas adultas, identificadas, habitualmente consumidoras y con el aval de otro socio. No hay acceso al público en general ni venta “en mostrador”.
• Autoabastecimiento colectivo: se cultiva (o se adquiere) solo la cantidad necesaria para cubrir el consumo previsto de los socios, evitando excedentes que podrían interpretarse como tráfico.
• Distribución controlada: el cannabis se entrega en el local de la asociación, en cantidades ajustadas y registradas; en muchos casos se desaconseja sacar producto a la calle para reducir riesgos legales.
• Enfoque de salud y reducción de daños: muchos clubes facilitan información sobre potencia, composición, riesgos y ofrecen pautas de consumo responsable; algunos colaboran con programas de análisis de sustancias y atención psicosocial.
• Autoregulación: la mayoría de federaciones han elaborado códigos de buenas prácticas sobre límites de producción, transparencia contable, protocolos frente a abusos, etc.

2. De ARSEC a la primera ola de CSC en Barcelona y Euskadi

Tras ARSEC, el modelo se replica y adapta en otras regiones:

• En el País Vasco surgen asociaciones como Pannagh y otras, que combinan cultivos colectivos con una fuerte dimensión de activismo político y litigios estratégicos.
• En Barcelona, la idea de club social privado se expande rápidamente a finales de los 90 y principios de los 2000, y la ciudad se consolida con el tiempo como la “capital europea” de los CSC.

El Transnational Institute describe cómo, desde 2002, los CSC han permitido que miles de personas dejen de financiar el mercado ilegal, conozcan lo que consumen y participen en un modelo horizontal y comunitario de acceso al cannabis.

3. FAC, federaciones regionales y ConFAC

A medida que el número de asociaciones crece (alrededor de 1.000–1.200 clubes en 2014 según estimaciones recogidas por Cáñamo), surge la necesidad de coordinarse y hablar con una sola voz frente a administraciones y medios.

De ahí nacen:

• FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas), como estructura estatal de coordinación de clubes y asociaciones.
• Federaciones regionales como CatFAC en Cataluña o EUSFAC en Euskadi, que agrupan decenas de CSC y trabajan en buenas prácticas, reducción de riesgos y dialogo político.
• ConFAC (Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas), que agrupa a las federaciones y coordina campañas como la Marcha Mundial de la Marihuana, comparecencias parlamentarias o respuestas colectivas ante cambios legales.

Esta estructura de federaciones y confederaciones refuerza el carácter de movimiento social organizado, más allá de la simple existencia de “clubs” locales.

V. La “zona gris” legal y los experimentos políticos

1. Marco jurídico general: entre el consumo propio y el tráfico

El encaje legal de los CSC se construye en una zona gris entre:

• El principio de que el consumo y la posesión para uso personal en ámbito privado no son delito, ni siquiera cuando se trata de sustancias fiscalizadas.
• El artículo 368 del Código Penal, que castiga el cultivo, elaboración, tráfico o cualquier forma de favorecimiento del consumo ilegal de drogas, con penas de 1 a 6 años de prisión en el caso del cannabis.
• La doctrina del consumo compartido y del “ámbito estrictamente privado”, elaborada por el Tribunal Supremo para excluir del delito ciertos supuestos de consumo en grupo (cantidad limitada, grupo reducido y previamente determinado, sin ánimo de lucro). :contentReference[oaicite:42]{index=42}

Investigadoras como Amber Marks han descrito los CSC como una “zona de privacidad” protegida por derechos fundamentales, pero sometida a una tensión constante con el derecho penal y las convenciones internacionales de control de drogas. :contentReference[oaicite:43]{index=43}

2. Experimentos locales y autonómicos

Ante la ausencia de una regulación estatal, varias comunidades autónomas y ayuntamientos han intentado regular los clubes desde sus competencias:

• País Vasco: el Parlamento vasco abrió un proceso de debate sobre una ley específica de CSC, tomando como referencia informes académicos que sugerían que los clubes serían legales si permanecían cerrados, sin ánimo de lucro y con cantidades limitadas a un consumo normal de sus socios.
• Ayuntamiento de Barcelona: aprobó un plan urbanístico especial para ordenar la ubicación de clubes y limitar la concentración en determinados barrios, intentando conjugar salud pública, convivencia y realidad del movimiento.
• Otros municipios: casos como Rasquera, que intentó alquilar terrenos municipales para un cultivo colectivo vinculado a una asociación, mostraron tanto el potencial como los límites de estos experimentos, normalmente frenados por los tribunales o por el gobierno central. :contentReference[oaicite:46]{index=46}

3. Ley 13/2017 de asociaciones de consumidores de cannabis en Cataluña

El intento más ambicioso de regulación vino de Cataluña. Tras una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) llamada “La Rosa Verda”, promovida por CatFAC, otras federaciones y el Observatorio Civil de Políticas de Drogas, el Parlament aprobó en 2017 la Ley 13/2017, de las asociaciones de consumidores de cannabis.

La ley:

• Reconocía a las asociaciones de consumidores de cannabis como asociaciones sin ánimo de lucro, obligadas a inscribirse en un registro específico.
• Definía como objetivos el autoabastecimiento para consumo privado y la reducción de riesgos asociados al mercado clandestino y a ciertos usos del cannabis.
• Establecía criterios de organización democrática, transparencia, control de cantidades y reglas de funcionamiento (asambleas, informes de gestión, etc.).

Sin embargo, en 2018 el Tribunal Constitucional anuló la ley por invasión de competencias estatales en materia penal, declarando inconstitucionales sus aspectos centrales.

Aun así:

• Parte de las licencias y ordenanzas municipales dictadas al calor de la ley han seguido operando de facto, aunque con una base jurídica más débil.
• La experiencia de La Rosa Verda se cita hoy como ejemplo de movilización ciudadana capaz de llevar el tema a la agenda legislativa.

4. Sentencias del Supremo y cambio de clima judicial

En los años 2000, varias sentencias del Tribunal Supremo parecieron aceptar que ciertas formas de cultivo colectivo y consumo compartido podían quedar fuera del delito, lo que alimentó el boom de los CSC.

Pero a partir de la década de 2010 el viento cambia:

• El Supremo empieza a considerar que las grandes asociaciones con cientos o miles de socios “favorecen o facilitan” el consumo ilegal, superando el marco del consumo compartido tolerado.
• Se multiplican las condenas a juntas directivas de clubes, en ocasiones con penas de varios años de prisión, lo que genera un fuerte efecto disuasorio y un clima de inseguridad jurídica. :contentReference[oaicite:55]{index=55}

En resumen: el modelo CSC sobrevive, pero siempre bajo la amenaza de una interpretación judicial más o menos benévola.

VI. Cultura cannábica: medios, industria y calle

1. Revistas, humor y lenguaje: la construcción de una cultura propia

La normalización social del cannabis en España no se entiende sin sus medios especializados:

• Cáñamo, nacida en 1997 de la mano de socios de ARSEC, combina reportajes, humor, entrevistas, historia y política cannábica, y se ha convertido en el principal referente de habla hispana.
• Cannabis Magazine y otras cabeceras recogen la “cronología del movimiento cannábico en España”, análisis legales y relatos del activismo.
• Blogs y portales como el de Alchimia difunden historia del cannabis, noticias del sector y contenido divulgativo sobre cultivo y política.

Estos medios han contribuido a:

• Crear un lenguaje compartido (del “porro” a la “maria” pasando por “club social”, “grow”, “marea verde”…).
• Difundir una estética y humor propios, que mezclan la sátira política con la cultura pop y la contracultura.
• Convertir a los consumidores en sujeto político y no solo en “pacientes” o “delincuentes”, al darles voz en entrevistas, columnas y manifiestos.

2. Grow shops, bancos de semillas e industria cannábica

Desde los años 90 aparecen los primeros grow shops y bancos de semillas, que traen a España técnicas de cultivo interior, genéticas holandesas y un amplio abanico de productos (iluminación, fertilizantes, sustratos, etc.).

Con el tiempo, España se convierte en:

• Un mercado clave para la industria de semillas, con bancos locales e internacionales asentados en el país.
• Un ecosistema donde clubs, grow shops y bancos de semillas conviven: los clubs no pueden vender material de cultivo, pero comparten clientela y cultura con las tiendas especializadas.

Además, grandes ferias como Spannabis consolidan esta industria y refuerzan la imagen de España como epicentro europeo de la cultura cannábica.

3. Marchas, festivales y 4/20

El movimiento cannábico español también se expresa en la calle:

• Desde los años 90 se celebran manifestaciones por la legalización del cannabis en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, conectadas con la Million Marijuana March global.
• La Marcha Mundial de la Marihuana (MMM), coordinada en España por ConFAC, reúne cada año a miles de personas, con manifiestos que reclaman regulación integral y fin de la criminalización.
• Eventos lúdicos, días 4/20, festivales y encuentros activistas articulan una agenda anual que mezcla fiesta, reivindicación y educación en reducción de riesgos.

4. Género y activismo: de la “Abuela Marihuana” a las redes feministas

El movimiento cannábico español tiene también un rostro claramente femenino:

• Fernanda de la Figuera, la ya citada “Abuela Marihuana”, fue la primera cultivadora “legal” del país por una sentencia de 1995 que reconoció su cultivo para autoconsumo, fundó asociaciones y siguió en primera línea hasta su fallecimiento en 2022.
• Colectivos como la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas (REMA), los Encuentros de Mujeres Cannábicas y múltiples grupos locales han puesto sobre la mesa las dimensiones de género en la política de drogas: violencia machista, cuidados, estigma y penalización diferencial.
• Proyectos como el documental “Cannábicas” recogen testimonios de mujeres usuarias y activistas de más de 30 países, visibilizando un movimiento feminista cannábico transnacional en el que las españolas ocupan un lugar central.

Este enfoque feminista refuerza la idea de que la lucha por la regulación del cannabis no es solo una cuestión de consumo, sino también de derechos, cuidados y justicia social.

VII. Presente y futuro (años 2020): entre el laboratorio social y el bloqueo político

1. ¿Cuántos CSC hay y dónde están?

Las cifras exactas son escurridizas, pero varias fuentes coinciden en que:

• En 2014 se calculaban entre 1.000 y 1.200 asociaciones cannábicas en España.
• Guías y mapas en línea de 2025 listan unos 200–300 clubes activos (los que ellos conocen y verifican), con gran concentración en Cataluña y el País Vasco, pero también presencia en Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.

En términos de geografía:

• Barcelona se consolida como la ciudad con más CSC, hasta el punto de ser descrita como la “capital europea del cannabis”, lo que genera tensiones con la política municipal y con sectores preocupados por el turismo cannábico.
• En el País Vasco, los clubes mantienen una fuerte tradición asociativa y de diálogo institucional.
• En Canarias, especialmente Tenerife y Gran Canaria, se mezcla una escena asociativa muy viva con operativos policiales recurrentes contra determinados CSC, lo que ilustra bien la fragilidad del modelo.

2. Usuarios medicinales y función “social” de los clubes

Aunque España no tiene (aún) un sistema generalizado de dispensarios de cannabis medicinal, numerosos estudios y reportajes muestran que muchos CSC funcionan de facto como red informal de apoyo a pacientes con dolor crónico, epilepsia, cáncer u otras patologías para las que el cannabis puede aliviar síntomas.

En este sentido:

• Los CSC ofrecen un producto de origen conocido, una comunidad de apoyo y, a veces, asesoramiento básico.
• Para ciertos pacientes, sobre todo aquellos excluidos de tratamientos oficiales con nabiximols (Sativex) o cannabidiol farmacéutico, el club es percibido como la opción más segura frente al mercado clandestino.

3. Nueva ola de controles y represión

En los últimos años, el modelo CSC vive una fase especialmente tensa:

• La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha criticado la proliferación de clubes en España, presionando al Estado para que los contenga.
• En Barcelona, el actual gobierno municipal ha anunciado planes para cerrar o limitar drásticamente los CSC, apoyándose en resoluciones judiciales que cuestionan su encaje legal y en argumentos de orden público y salud. Diversos medios recogen ordenanzas más estrictas y cierres de decenas de clubes en 2023–2024.
• En Canarias, se han producido operaciones policiales contra CSC de Tenerife que han generado alarma entre socios y activistas, por la dureza de algunas actuaciones.
• A nivel estatal, se han endurecido algunas interpretaciones del art. 368 CP respecto a directivas de clubes, aunque siguen existiendo sentencias que rebajan condenas al reconocer la evolución social en torno al cannabis.

En paralelo, los intentos de aprobar una ley estatal sobre cannabis (sea medicinal, sea integral) se han topado con divisiones entre partidos del gobierno y la oposición, pese a que organizaciones como ConFAC, ICEERS o el Observatorio Civil han presentado propuestas detalladas de regulación.

4. Comparación internacional: Uruguay, Canadá, Alemania, Malta… ¿y España?

Mientras España sigue en una especie de limbo regulatorio, otros países han tomado decisiones más claras:

• Uruguay (2013) legaliza el cannabis recreativo y establece tres vías de acceso: autocultivo, CSC regulados y venta en farmacias.
• Canadá (2018) aprueba el Cannabis Act, que legaliza y regula la producción y venta de cannabis a nivel federal, con sistemas de licencias y control de calidad.
• Alemania (2024) adopta el Cannabisgesetz, que permite el autocultivo, la posesión limitada y la creación de asociaciones de cultivo no lucrativas (un modelo muy cercano a los CSC) a partir de julio de 2024.
• Malta (2021) crea un sistema de asociaciones de cannabis no lucrativas bajo licencia estatal, gestionadas por una autoridad específica (ARUC).

Lo irónico es que el modelo español de CSC inspiró explícitamente a varios de estos países, pero dentro de España sigue apoyándose en una combinación frágil de asociacionismo, práctica administrativa y jurisprudencia cambiante sin una ley estatal que lo recoja.

VIII. Conclusión: España como laboratorio de autoorganización y el legado de ARSEC

Mirando en perspectiva, se puede ver a España como una laboratorio de autoorganización de consumidores frente a un marco prohibicionista rígido:

• Desde los campos de cáñamo medievales hasta los clubs sociales de cannabis del siglo XXI, la relación del país con la planta ha pasado por fases de integración plena, medicalización, criminalización y ahora “alegalidad organizada”.
• ARSEC simboliza el momento en que un pequeño grupo de personas decide llevar al límite la letra de la ley para demostrar que otro enfoque es posible: autoconsumo colectivo, transparencia, derechos de los usuarios y crítica al mercado clandestino.
• De aquella asociación pionera salieron revistas, manuales, discursos, litigios y, sobre todo, una idea: que los consumidores pueden organizarse como sujeto político y comunitario, no solo como objeto de intervención policial.

El resultado hoy es un movimiento maduro, con federaciones, códigos de buenas prácticas, redes feministas, observatorios, investigadores y miles de personas organizadas en clubes… pero sobre un terreno jurídico fragmentado e inestable, sometido a vaivenes judiciales y a decisiones políticas a menudo contradictorias.

Desde la perspectiva de la política de drogas global, la experiencia española demuestra que:

• La sociedad civil puede anticiparse a la ley, generando modelos de regulación desde abajo que luego otros países incorporan en su legislación.
• Sin un marco normativo claro, incluso los modelos más avanzados pueden quedar atrapados en una “zona gris” que desgasta a activistas y usuarios y mantiene parte de los problemas que pretendía resolver (inseguridad jurídica, mercado clandestino, estigmas).

Qué ocurra en la próxima década –si España opta por una legalización regulada, por reconocer y ordenar formalmente los CSC, o por replegarse hacia un enfoque más represivo– no está escrito. Lo que sí está claro es que el nombre de ARSEC y la idea de Cannabis Social Club ya forman parte de la historia mundial del cannabis, más allá de lo que digan los boletines oficiales.

Nota final importante: este texto tiene un propósito histórico y analítico; no es asesoría legal ni una invitación a vulnerar la ley. El consumo de cannabis conlleva riesgos para la salud y su situación jurídica es compleja; cualquier decisión concreta debería tomarse con información actualizada, apoyo profesional y dentro de la legalidad vigente en cada territorio.